Seguro de praxis para odontólogos, con cirugía e implantes

Según publicó Infobae el 03/06/2026, un juzgado civil y comercial de La Matanza condenó a una odontóloga a pagar $23.534.950 más intereses por implantes mal posicionados, colocados sin tomografía previa y con una historia clínica hecha de códigos de prestación y pagos. En Tandil (Infobae, 15/09/2026), un tratamiento con implantes que empezó en 2013 terminó en una condena de $15.473.000 más USD 8.224, con una prótesis que nunca se entregó. Las dos notas hablan de juzgados de primera instancia: no sabemos si esas sentencias quedaron así. Y en 2018 la Cámara Nacional Civil (Sala H) resolvió un reclamo por tres implantes con integración ósea parcial y alteración de la articulación, con Sancor citada en garantía.

La Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata (Infobae, 01/09/2026) mantuvo la responsabilidad de un odontólogo por la lesión neurosensorial permanente que dejó la extracción de un tercer molar inferior en 2017: la paciente no había firmado ningún consentimiento informado antes de la cirugía. Fijó $5.000.000 de daño moral y tomó la incapacidad como pérdida de chance. La Ley 26.529 pide el consentimiento por escrito y firmado para toda intervención quirúrgica y todo procedimiento invasivo (art. 7, incs. b y c).

La Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala III (Infobae, 04/03/2026), confirmó la condena por la extracción de un primer molar superior en noviembre de 2010: sin radiografía previa, con fractura y dos cirugías, $1.321.500 más intereses. La odontóloga no tenía matrícula en la Provincia de Buenos Aires, donde la lleva el Colegio de Odontólogos de cada distrito (Ley 12.754, art. 47), y también fue condenado el titular del consultorio, por dejarla atender. La póliza excluye los actos para los que no estés habilitado: vale en todo el país, pero según tu matrícula.

Cámara Nacional Civil, Sala G, 04/09/2024: en 2017, durante una endodoncia, la aguja se quebró al aplicar la anestesia troncular y quedó alojada cerca de la carótida; una cirugía no pudo sacarla. Los odontólogos dijeron que la paciente se movió de golpe, pero no lo probaron: la historia clínica sólo decía que la aguja se había fracturado. La Cámara fijó $4.500.000 por incapacidad, $15.000.000 por daño moral y $100.000 de farmacia, y extendió la condena a la aseguradora citada en garantía, en la medida del seguro (Ley 17.418, art. 118). La póliza excluye los daños de productos que no fabricaste sólo cuando no hubo culpa tuya: si no podés probar la falla del material, el reclamo te llega a vos.

La Ley 26.529 pide que la historia clínica sea cronológica, foliada y completa (art. 12), con cada acto indicado o realizado (art. 15); los consentimientos y los protocolos quirúrgicos y de anestesia forman parte de ella (art. 16), y se guarda por lo menos diez años desde la última atención (art. 18). El Código Civil y Comercial deja que el juez cargue la prueba sobre quien está en mejor situación de aportarla (art. 1735), y en tu consultorio ése sos vos. En el caso de implantes de la Sala H (2018) la historia clínica no se presentó y eso jugó en contra; en La Matanza (2026) la ficha tenía códigos de prestación y pagos, nada más. Según el Colegio Odontológico de la Provincia de Córdoba, cerca del 80 % de las demandas no hablan de error o negligencia sino de ausencia de historia clínica. Y al revés: en julio de 2026 la Cámara Nacional Civil (Sala A) rechazó una demanda porque la pericia vio una complicación prevista, no impericia.

El juzgado de Tandil (2026) trató la prótesis como una obligación de resultado; la Cámara Civil de Mendoza (2017, «Vázquez c/ Ferrari») dijo que las prestaciones odontológicas son de medios, salvo que haya una promesa o una publicidad que genere expectativas. El Código Civil y Comercial lo resuelve por el mismo lado: el profesional liberal responde por culpa, salvo que se haya comprometido a un resultado concreto (art. 1768). Las leyes de ejercicio prohíben anunciar tratamientos a término fijo y prometer prótesis con virtudes, plazos o precios (Ley 17.132, art. 30, incs. 3 y 12, que rige en la Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego; en la Provincia de Buenos Aires, Ley 12.754, art. 61, inc. 3, que además prohíbe comprometer resultados), y en Mendoza la publicidad de las profesiones sanitarias necesita aprobación previa (Ley 2636, art. 26). La Ley de Defensa del Consumidor deja afuera al profesional matriculado, pero no su publicidad (Ley 24.240, art. 2). La póliza excluye los daños que salgan de una propaganda o un convenio que garantice el resultado.

Para ejercer en la Provincia hay que matricular el título en el Ministerio (Ley 2636, art. 3); la matrícula se emite por única vez y autoriza a ejercer en todo el territorio provincial (Ley 9542, art. 1), y ejercer sin ella tiene multa (art. 10). Si vivís en otra provincia y venís a atender en forma periódica, la ley prevé una matrícula para ese caso (art. 5). Ni las leyes ni la guía de matriculación del Ministerio mencionan un seguro. Las entidades del sector son el Círculo Odontológico de Mendoza y la Federación Odontológica de Mendoza, que es la que firma con OSEP el convenio de libre elección: no encontramos que ninguna de las dos pida seguro de praxis a sus asociados.

La matrícula la otorga la autoridad sanitaria nacional (Ley 17.132, art. 24) y se tramita en el Registro Único de Profesionales de la Salud. La Asociación Odontológica Argentina es una entidad científica: no matricula. No encontramos una exigencia de seguro para la matrícula.

La matrícula la llevan los Colegios de Distrito (Ley 12.754, art. 47), que también habilitan y fiscalizan los consultorios (art. 5, inc. 24). La ley no menciona un seguro de responsabilidad civil. Hay círculos odontológicos que piden seguro de praxis a sus prestadores en sus reglamentos: si atendés a través de uno, preguntá qué suma piden.

La inscripción en el Colegio es requisito para ejercer en la Provincia (Ley 4806, art. 11), y la reglamentación odontológica de la Ley 6222 pide historia clínica y consentimiento firmado para cualquier tratamiento. La Federación Odontológica de la Provincia de Córdoba (FOPC) dice en su sitio que sus federados tienen la obligación de optar por una de las coberturas de su póliza colectiva, que es con otra aseguradora y por reclamo (claims made). Y APROSS publicó en 2026 una convocatoria a prestadores que, según la prensa, pide una póliza de mala praxis de al menos $5.000.000: nuestra suma más baja llega a ese piso.

Santa Fe tiene dos circunscripciones, la 1ª con sede en Santa Fe y la 2ª en Rosario; en lo que pudimos leer no encontramos una póliza colectiva ni un pedido de seguro. El Colegio de Odontólogos del Chaco canaliza las altas y bajas de una praxis de Sancor a través de CORA, con el descuento por padrón mensual; su página no dice la suma. El Colegio de Odontólogos de Salta publicó en abril de 2025 una póliza de mala praxis con descuento para sus matriculados, voluntaria. Si ya tenés una de esas, mandánosla y la comparamos cobertura por cobertura.

PAMI, en su contrato modelo de 2022 para prestadores odontológicos, pide acreditar seguros de responsabilidad civil, de mala praxis y contra incendio. OSER (Entre Ríos) pide la póliza de mala praxis y el último recibo para el alta de profesionales. Algunas obras sociales provinciales piden además cláusula de no repetición a su favor, y es lo habitual en clínicas y centros: la cargás en la solicitud. Si te piden una suma mínima, avisanos y la emitimos con esa, hasta $50.000.000.